La identificación de una persona a través de la captación de su imagen se constituye como un dato de carácter personal, el cual puede ser tomado como objeto de tratamiento para diversas finalidades. Dentro los tratamientos más comunes se encuentra la utilización de cámaras con la finalidad de garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones, también pueden usarse con otros fines, como la investigación, la asistencia sanitaria o el control de la prestación laboral por los trabajadores.
Es por ello que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha planteado a responsables, encargados, profesionales y ciudadanos, que la utilización de las cámaras con uso primordial de la seguridad debe estar relacionada con la normativa de protección de datos, con el fin de cumplir con ella y garantizar los derechos de los datos de las personas que han sido captados.
Legislación sobre videovigilancia
La normativa de videovigilancia en España está compuesta por una serie de leyes:
RGPD (Reglamento General de Protección de Datos):
El Reglamento Europeo de Protección de Datos o RGPD exige que las empresas que instalen cámaras de videovigilancia ofrezcan garantías del cumplimiento de las obligaciones del Reglamento, por lo que ha de poner a disposición del responsable de tratamiento toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones como encargado de tratamiento y permitir y contribuir a la realización de auditorías.
Tabla de Contenido
LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales).
La LOPDGDD exige una serie de requisitos y pautas para hacer uso de cámaras de videovigilancia. En este sentido, el artículo 22 de esta Ley se refiere a los tratamientos con fines de videovigilancia, indicando que:
“Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones.”
Ley Orgánica 4/1997 sobre videovigilancia
Esta ley de videovigilancia indica que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad podrán utilizar videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, con el fin de:
- Asegurar la convivencia ciudadana
- Erradicar la violencia
- Velar por la utilización pacífica de las vías y espacios públicos
- Prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública.
Requisitos para la instalación y uso de las cámaras de videovigilancia y Derechos de los usuarios
El nuevo Reglamento de Protección de Datos refuerza los requisitos para la instalación y uso de cámaras de videovigilancia y para el tratamiento de los datos obtenidos de ellas. Esto significa más derecho para los usuarios.
El principio de licitud y transparencia del RGPD aplicado a la videovigilancia se ve empleado en el proceso de captación de datos e imágenes obtenidos con las cámaras de forma lícita, leal y transparente. Esto sumado a que el responsable del tratamiento debe de informar a los interesados con el fin de ser transparente en todo caso con la información acerca de sus intenciones de tratamiento de datos del usuario.
El tratamiento de las imágenes debe limitarse a la finalidad para la que se han obtenido y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible. La cual puede estar vinculada a garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones
El uso de videocámaras se debe ver representado por un equilibrio de los datos recolectados que serán objeto de un tratamiento adecuado, pertinente y limitado en relación con los fines para los que son tratados, y el posible daño al derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas. A su vez, queda prohibida la grabación de conversaciones u otros sonidos, salvo que existan riesgos específicos y precisos.
Mediante las normativas establecidas por el RGPD que los datos personales se conservan sólo durante el período necesario para cumplir con los fines de dicho procesamiento de datos. Esta indica que: “las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto”.
Los datos personales adquiridos por las cámaras de vídeo se procesan de tal manera que se garantiza la total confidencialidad. Esto incluye la protección contra la manipulación no autorizada o ilegal y la protección contra la pérdida, destrucción o daño accidental mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas. Las personas que tengan acceso a los registros en el desempeño de sus funciones deben de guardar la debida confidencialidad.
Pero, ¿Cómo se pueden adaptar nuestras cámaras de videovigilancia a la normativa vigente?
La normativa sobre cámaras de seguridad establece una serie de obligaciones para aquellos que vayan a grabar imágenes para videovigilancia:
1. Registro de actividades de tratamiento
Las imágenes de videovigilancia se almacenarán en un fichero y podrán ser guardadas durante un mes.
2. Principio de proporcionalidad
No será obligatorio obtener consentimiento explícito para colocar las cámaras de seguridad, pero su uso debe responder al principio de proporcionalidad.
3. Carteles informativos
Es obligatorio informar a los interesados sobre el uso de cámaras de vigilancia.
4. Colocación de las cámaras
No podrán colocarse en aquellos emplazamientos donde supongan una vulneración de los derechos y libertades de los individuos o atenten contra su derecho a la privacidad, intimidad o a la propia imagen.
5. Acceso restringido a las imágenes
Estará limitado al responsable del tratamiento o, en su caso, al personal de seguridad encargado del tratamiento de las imágenes.
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